La norma contempla que el colectivo decida su esterilización
MADRID.- El Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley que abre la puerta a que las personas con discapacidad tengan potestad para poder decidir sobre su esterilización, según se desprende de una respuesta del Gobierno en el Congreso dirigida a la diputada del PSOE, Laura Seara, a la que ha tenido acceso Europa Press
. Se trata de una reivindicación del sector de la discapacidad desde hace muchos años.
La socialista preguntaba al Gobierno cuándo pensaba remitir a las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Jurado, que afecta a los requisitos para que una persona pueda ser jurado y que en la actualidad restringe la presencia de las personas con discapacidad.
"El Gobierno tiene previsto remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida, que afectará a la Ley de Enjuiciamiento Civil y al Código Civil, entre otras normas", indica el Gobierno.
Así, indica que la reforma proyectada considera que, para adaptar la legislación al espíritu y a la terminología de la Convención, hay que modificar los procesos judiciales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil de determinación de las instituciones de protección y apoyo para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que las precisen, "así como el correspondiente a los ingresos no voluntarios o a la esterilización".
A su vez, el Ejecutivo considera que es preciso modificar la legislación sustantiva y procesal, a fin de garantizar que las personas que no están en condiciones de gestionar por sí solas sus intereses cuenten con los apoyos y complementos a su capacidad estrictamente necesarios para su protección, y para que estos apoyos cumplan los requisitos de proporcionalidad y adecuación al fin perseguido.
Igualmente, insiste en que hay que garantizar el respeto a los derechos de la personalidad de las personas con discapacidad y, en particular, en que las medidas de apoyo y protección establecidas en su beneficio se articulen tomando en consideración sus deseos y preferencias.
Fuente: Diario del Altoaragón. 29/07/2014
