Javier BorauEl Gobierno aragonés plantea recortes y modificaciones que alterarían el servicio actual que presta la Fundación Agustín Serrate. La Fundación Agustín Serrate es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la rehabilitación psicosocial y la reinserción laboral de personas diagnosticadas con un trastorno mental grave. Atiende a un colectivo de usuarios, actualmente 165, de toda la provincia. Gracias a los servicios que presta, alrededor de 120 personas con estas características se levantan todas las mañanas a las siete para acudir a su puesto de trabajo.

Unos van con sus propios medios. A otros les recoge una furgoneta que pone la Fundación a su disposición y les reparte entre los ocho diferentes talleres diseminados en diversos puntos de la ciudad: vivero, huerta ecológica, serrería, confección, lavandería, digitalización de textos, jardinería y servicios internos. Aunque esta diversidad de labores supone un incremento del gasto para la Fundación, a los usuarios les permite una mayor integración porque les resulta más sencillo encontrar una actividad acorde a sus gustos y necesidades.

USUARIO DE LA FUNDACIÓN

Cuando un oscense tiene un problema de salud mental, el primer paso es acudir al médico de familia de su centro de salud. Si el facultativo considera que el caso debe ser atendido por un especialista, lo derivará a la Unidad de Salud Mental Comunitaria correspondiente.

El especialista decidirá si es necesario el ingreso en la Unidad de Agudos (Corta Estancia) del Hospital San Jorge, o si no es necesaria la medida. En cualquier caso, un paciente con un trastorno mental grave, aunque reciba el alta tras un ingreso de determinada duración, podrá salir a la calle recuperado, pero posiblemente no curado. A veces la enfermedad le acompañará durante toda su vida.

Su caso se analizará en la Comisión de Ingresos, que se reúne una vez al mes. En ella participan psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de diferentes dispositivos de la red de salud mental, como la Unidad de Corta Estancia, la Unidad de Media Estancia y la de Larga Estancia, el Hospital de Día, Centros de Salud, Asapme y la propia Fundación Agustín Serrate. Allí deciden los especialistas, dónde deben ser tratados los usuarios. De la Unidad de Agudos, a veces suelen ser derivados al Hospital de Día de Psiquiatría, ubicado en el Hospital Provincial. Acuden por las mañanas, reciben medicación, diversas terapias y servicio de comida. El tiempo de permanencia puede ser muy variable, de uno a seis meses, según el paciente. En algunos casos, cuando reciben el alta, se recomienda que continúen su rehabilitación psicosocial con el apoyo de la Fundación.

También se envían usuarios que han permanecido ingresados en la Unidad de Media Estancia y en la de Larga Estancia. Actualmente, hay lista de espera para poder acceder a los servicios de la Fundación.

El usuario derivado a la Agustín Serrate llega con el diagnóstico clínico y un informe social. El psicólogo, la trabajadora social y el monitor laboral realizan, como indica el Sistema de Calidad de la Fundación, una acogida y valoración de la persona. Se pacta con ella un Plan Individualizado de Rehabilitación (PIR). Éste recoge una serie de aspectos sobre los que es preciso trabajar, como actividades ocupacionales, necesidades sociales, atención psiquiátrica, rehabilitación psicosocial, actividades básicas de la vida diaria como comprar o administrar dinero, el cuidado de la vivienda y actividades de ocio, entre otras. Además, se le muestran los diferentes talleres al usuario para que pueda decidir en cuál quiere trabajar. Una vez establecido ese plan individualizado, se marcan unos objetivos, que semanalmente serán evaluados por diferentes profesionales de la entidad. Una vez conseguidos los primeros, se pactarán otro nuevos, en un proceso de recuperación y mejora continua.

"El usuario no paga por este servicio. Es como si cualquiera de nosotros tuviera una fractura en un codo, por ejemplo, y después de la intervención en el servicio de Traumatología, en el Hospital San Jorge, nos derivaran al servicio de Rehabilitación. En nuestro caso, la rehabilitación es más larga, se realiza diariamente en la sociedad, de una forma comunitaria. Los usuarios que trabajan en el Centro Especial de Empleo Integración Laboral Arcadia S.L. o en los talleres ocupacionales, reciben una remuneración por su esfuerzo. En el Centro de Día pueden comer y cenar, por un precio módico. Se aprovecha para poder suministrar la medicación, aspecto totalmente fundamental. Los que están en pisos, pagan en función de la renta que tienen, según las tarifas establecidas por el Gobierno de Aragón", explica Javier Borau, gerente de la "Agustín Serrate".

"Si el Centro Especial de Empleo tuviera que presentar un ERE, o cerrar, se incrementarían los ingresos en la Unidad de Cortas Estancias y se bloquearían las salidas de las Unidades de Medias y Largas Estancias. La edad media de nuestros 165 usuarios es de 45 años y hay gente que lleva quince sin ningún ingreso".

UN REFERENTE PARA EL PAÍS

Diversas voces autorizadas en la materia han destacado en numerosas ocasiones que el modelo de rehabilitación psicosocial de la persona con enfermedad mental en Huesca es todo un referente para el resto de España. En 1988 se aprobó una ley en la que se ponía fin a los ingresos sistemáticos en los Hospitales Psiquiátricos. Mientras en muchas provincias de país se optó por no hacer nada, en el Alto Aragón coincidieron una serie de ideas y de personas que intentaron desarrollar el espíritu de la nueva normativa. El reto era procurar al paciente una rehabilitación comunitaria, frente al aislamiento de los centros psiquiátricos, generalmente ubicados en las afueras de las ciudades.

En muchas urbes, los funcionarios que trabajaban en los psiquiátricos se quedaron en ellos o los derivaron a otras unidades dentro de la administración, pero en Huesca se externalizaron a los usuarios, junto con los funcionarios que realizaban su labor en este centro. Así, a principios de los años 90 se creó la Fundación Agustín Serrate Torrente, que funcionaba como un organismo autónomo dependiente de la Diputación de Huesca. Las familias de los usuarios constituyeron una asociación, Asapme. Por aquel entonces, en el Hospital Psiquiátrico había ingresadas 320 personas, con una edad media de 75 años y una estancia media de 25 años.

En el año 2000, se produjeron las transferencias sanitarias en la Comunidad Autónoma de Aragón. En ese momento, el Gobierno regional decidió crear una fundación privada sin ánimo de lucro, para poder gestionar el Centro Especial de Empleo y seguir realizando así el mismo trabajo.

Para llevar a cabo este cometido, la Fundación necesitaba personal. Se inició con Javier Borau, como gerente. y la adscripción de 27 funcionarios, que habían trabajado siempre en el antiguo psiquiátrico y que estaban formados para realizar estas labores (de estos, cinco se jubilaron y actualmente quedan veintidós). Paulatinamente, la Fundación fue desarrollándose y pudo contratar a más personal, hasta los diecisiete actuales (con él dieciocho) que no son funcionarios. En este tiempo, se han firmado convenios singulares y contratos de prestación de servicios. "Existe el acuerdo de que cada vez que se jubilara un funcionario, el Gobierno aragonés lo repondría y se aportaría a la Fundación su remuneración económica para que yo pudiera buscar el perfil que fuera más adecuado en ese momento", explica.

"Hay vínculos entre trabajadores y enfermos, en algunos casos, de más de veinticinco años, son como sus familias", añade el gerente.

Desde el año 2000 hasta ahora, la Fundación ha crecido. Ha obtenido casi un millón y medio de euros de distintas fuentes, como entidades financieras, Fondos Europeos, y otros organismos con los que ha podido desarrollar muchas actividades y enriquecer y complementar el servicio que se presta a los usuarios. "Esto supone un ahorro para el Gobierno de Aragón y una empresa con ánimo de lucro no lo reinvertiría", observa Borau.

A lo largo de los años, se ha ido tejiendo un modelo ejemplar. El seguimiento de los usuarios que realiza la entidad es multidisciplinar y se prolonga durante las veinticuatro horas del día. Si la persona acude o no al trabajo, si toma o no la medicación, cualquier aspecto importante relacionado con su salud se sabe y se controla.

"Por la mañana, los usuarios, en su mayoría, acuden a trabajar y, por la tarde, tienen sus actividades en el centro de día o fuera de él. Eso no pasa en otros sitios", explica Borau.

UN MODELO EN PELIGRO

Aragón carece de un plan de salud mental desde hace tres años. En su lugar, existe un acuerdo marco que establece bases y tarifas para regular los contratos con las diferentes entidades colaboradoras con el Salud para gestionar este tipo de servicios de salud mental.

Hasta la fecha, la Fundación y el Gobierno aragonés han formalizado su relación de diferentes maneras: con un convenio singular el primer año, un convenio de colaboración en 2001, contrato de prestación de servicios en 2002 y este mismo en 2007, con una vigencia de seis años, que finaliza el próximo 20 de diciembre.

"En el mes de junio, técnicos de planificación nos dijeron que el acuerdo marco no se nos iba a aplicar, debido a nuestras características especiales, pero en octubre nos comunican que sí, ya que el interventor indicaba que los funcionarios que han estado toda la vida realizando estas labores , junto a los usuarios, no pueden trabajar en una fundación privada", explica Borau.

El gerente observa que el aumento de tarifas que les propone la administración, como medida compensatoria, no cubre el dinero que se necesita para la contratación de veintidós nuevas personas, que para la Fundación representan más del 50 por ciento del total de sus 40 empleados. "Además, la calidad del servicio disminuirá considerablemente, al perderse toda la experiencia, la formación acumulada y el vínculo con el usuario", advierte.

Por otro lado, según la propuesta del servicio que quiere sacar a concurso el Salud, la actividad del centro de día se vería sensiblemente mermada. En lugar de abrir los 365 días al año, de 7,45 a 22 horas, lo haría de lunes a viernes, de las 8 a las 18 horas. "Ya no se darán cenas, los sábados, domingos y festivos permanecerá cerrado por lo que mucha gente se quedará sin tomar la medicación, entre otras consecuencias", considera.

DÍAS DE ESPINAS Y MUCHO CARIÑO

La propuesta del Gobierno aragonés, que todavía está en fase de negociación, fue acogida en el seno de la Fundación y su entorno con una gran sorpresa, que dio paso a una profunda preocupación. Usuarios, familiares y trabajadores han celebrado en los últimos días numerosas reuniones informativas y se han movilizado para sensibilizar a otros colectivos y a la sociedad del peligro de que todo el entramado organizado en Huesca en torno al servicio de salud mental acabe por romperse. Se han creado comités y ejercido acciones en grupo e individuales. Los periódicos se han llenado de cartas al director que explican situaciones particulares muy dramáticas y el perjuicio que supondrá también para la colectividad. Ha habido lloros, penas y mucha emoción contenida y derramada. "Lo más impactante es cuando el usuario habla y explica cuál ha sido su experiencia, qué es lo que le ha reportado este modelo y su preocupación sobre lo que le puede pasar. Con las familias, lo mismo", estima Borau.

Y entre tanto nubarrón y cielo encapotado, también se cuela de cuando en cuando algún rayo de luz. "Huesca es una ciudad super solidaria con la discapacidad y si hay alguna parte buena en todo esto es ese apoyo social que estamos recibiendo", asegura.

El respaldo ha llegado también desde Zaragoza, diversos puntos de España, desde la Asociación de la Rehabilitación Psicosocial Española e incluso de la Asociación Mundial. "Eso te anima y te hace sentir cierta esperanza. El 18 tenemos una reunión con el consejero y es importante que nos acerquemos más y que, como dijo él mismo, nos tomemos todo el tiempo que haga falta para poder hablar. Si es por la crisis, nos ajustaremos el cinturón como todos. Ya llevamos tres años haciéndolo, pero el modelo no se puede romper".

Javier Borau considera que el Gobierno de Aragón, junto con el resto de administraciones, otras instituciones y el conjunto de la sociedad oscense, deben acordar el modelo de salud mental que hay que seguir y consignar su financiación . "Una vez definido, buscar las herramientas, normas y cauces legales, que seguro que las hay, para poder llevarlo a cabo -indica-. España, por desgracia , es uno de los países europeos que menos invierte en salud mental. El destinar recursos para que las personas con enfermedad mental grave sean atendidas como cualquier otra persona con otra enfermedad, no debe considerarse como un gasto, sino como una inversión".

"Por mi parte -agrega-, sigo teniendo la esperanza en llegar a un acuerdo razonable, sin perder de vista los servicios que se prestan a los usuarios, que es lo más importante, que tanto esfuerzo ha costado conseguir entre todos. Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de perderlos".

Fuente: Diario del Altoaragón. 11/11/2013

 

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