Francisco Ratia, presidente de Cadis, expresa la inquietud del sector ante la asunción de más competencias por la DPH
Un runrún recorre las organizaciones de personas con discapacidad, paradigmas de optimización de unos recursos que son limitados pero que en buena medida son posibles por la aportación de la Diputación Provincial. La asunción de algunas competencias como la de bomberos genera inquietud respecto a la disponibilidad en el futuro, a pesar de que los dirigentes
de la corporación han expresado una voluntad de la que no duda el presidente de su Coordinadora, Francisco Ratia, inmerso en todo caso en tribulaciones por la consciencia de que los presupuestos son finitos.
HUESCA.- Cadis recibe una parte notable de la dotación de la institución provincial a las entidades sociales en su conjunto, que se acercaría a los dos millones de euros. El resto se destina a otros programas para la Tercera Edad, para colectivos en riesgos de exclusión... Con la precaución que le caracteriza, Francisco Ratia contextualiza la especial relación con la DPH. "Nosotros tenemos siempre grandes necesidades y consideramos que podríamos estar mejor. Pero sí debo decir que el dinero que aporta la Diputación Provincial es sustancial para nuestras entidades".
El valor se acrecienta por una doble consideración competencial y territorial. "Al final, estamos hablando de que el Gobierno de Aragón tiene las competencias, que cumple con sus compromisos y tenemos la financiación a través de las plazas concertadas, de centros de día, de residencias, programas, bien sea por parte de Salud en el área de Salud Mental o por servicios sociales, en personas con otros tipos de discapacidades,... Eso se cubre, pero la Diputación Provincial complementa eso, alcanza una parte a la que el Gobierno de Aragón no puede llegar". Algo que es posible por "su solvencia después de años de gestión buenísima".
Las peculiaridades demográficas constituyen el segundo factor para entender la pluralidad en las fuentes institucionales. "Nuestra provincia es complicada, es muy extensa, la población está muy dispersa.Hay gente que quiere y tiene derecho a vivir ahí, y la dificultad es acercarle los servicios que necesitan las personas con discapacidad, tanto en transporte como para acercarles los profesionales cuando es necesario, con planteamiento de pequeños servicios que van a ocuparse para que puedan seguir donde han decidido vivir o donde su familia y su actividad les residir".
"INSUSTITUIBLE"
En esa necesidad de equiparar las oportunidades en un territorio tan vasto fundamenta Francisco Ratia el valor de la corporación. "Para eso la Diputación Provincial pone dinero, y ahora mismo no tendríamos alternativa para eso, y se caería una parte importante de los complementos a los servicios. No estoy diciendo que se cayera todo el sistema de servicios sociales, pero sí una parte importante que no encontraríamos otra forma de hacerlo. Por eso, cuando se plantea que hay formaciones políticas que hablan de la eliminación de las diputaciones, yo me pongo a temblar. Y entiendo que todas las organizaciones que están dentro de nuestra coordinadora están en parecida situación, porque realmente se puede pensar que ese dinero ya se transferiría y otra administración lo haría. Sí... o no".
La conclusión que abraza el presidente de Cadis es rotunda y nítida: "Ahora mismo, para nosotros la Diputación es insustituible. Para muchas entidades, bien para programas de atención en el medio rural, o los servicios de transporte, que son costosísimos y complejos de realizar, porque el traslado de personas con discapacidad no se hace de cualquier manera y necesitas vehículos adaptados, conductor, acompañante, plataforma, mucho tiempo, desplazamientos muy largos, es complicado. Pero en la misma zona rural, si Atades tiene un centro en Boltaña, para llegar a ese centro también se tiene que hacer un sistema de transporte por toda la comarca y ahí la Diputación y las comarcas están muy concienciadas con el papel para acercar los servicios a estas personas".
VEINTE MIL PERSONAS
El INE estima que un 8,5 % de la población tiene una discapacidad. No es difícil inferir que ese índice puede ser aquí superior. "En territorios donde la población está especialmente envejecida, ese porcentaje subirá todavía más. Pero, aplicando el 8,5 % a nuestra provincia, estamos cerca de 20.000 personas".
Francisco Ratia mide escrupulosamente las palabras, porque quiere dejar el debate en el punto de encuentro en el que ha de confluir con las administraciones, consciente su sector de la complejidad de la cuadratura de las cuentas y también de la receptividad en las instituciones. "Afortunadamente, no me toca a mí la decisión de la priorización del gasto público. Nosotros solo queremos poner de relieve que este dinero que aporta la DPH es muy importante. Y que la Diputación Provincial nos ha manifestado siempre que tiene voluntad política de mantener ese servicio porque lo entiende necesario. Comprendo que los dineros públicos son finitos y nosotros no decimos dónde tiene que destinar el dinero. Pero sí queremos hacer patente que sin el dinero que aporta la Diputación no podemos asegurar al colectivo de personas con discapacidad el sistema de servicios que hay generado en torno a ellas. Nuestra preocupación, que ya he transmitido a sus responsables está ahí. Tampoco pido un compromiso firme de que eso sea así, ellos manifiestan buena voluntad política pero hasta donde puedan llegar es otra cuestión".
Le consta, precisamente, la actitud "ejemplar" de las sucesivas corporaciones en la historia, que "han entendido la situación de colectivos vulnerables, territorio y dispersión de la población. Hay un cóctel entre las tres cosas complicado y necesita un extra de aportación de recursos para hacer las cosas medianamente como se pueden hacer. Si hay quinientas mil personas en toda Vizcaya, allí está chupado, pero comarcalizar aquí servicios, con un centro que necesite personal especializado, profesional, hacer uno en cada parte del territorio es muy difícil. Y además de los recorridos largos, en otros se generan centros con colectivos muy diferentes, como El Remós, o Atades en Boltaña, donde mezclando colectivos consigues un pequeño grupo para dar los mejores servicios a un colectivo múltiple y variopinto. Intentar estas pequeñas ruedas para llegar a ser atendidas".
ATENCIÓN TEMPRANA
No quiere dejar en el tintero la aportación de las comarcas complementando el "programa espléndido" que en su día habilitó el Gobierno de Aragón: el de Atención Temprana, que preconiza que "todos los niños aragoneses con una discapacidad, por el hecho de padecerla, tienen derecho a un servicio". El ejecutivo plantea un equipo multidisciplinar muy detallado, desde el neuropediatra a rehabilitador, fisioterapeuta, logopeda,... Y un espacio físico que tiene que estar acreditado con unas determinadas dimensiones y una serie de salas de 150 metros cuadrados. "En Zaragoza es sencillísimo hacer eso, pero vete a cualquier comarca de aquí a intentar hacer un centro de esas características. La red de Atención Temprana de la provincia de Huesca es la más completa de todo el territorio de Aragón. Se ha conseguido porque las entidades que somos prestatarias del servicio de Atención Temprana hemos conseguido apoyos del Ayuntamiento de Sabiñánigo para crear un pequeño centro en Puente Sardas que lleva el nombre de Carlos López-Otín, para Jacetania y Alto Gállego; tenemos un pequeño centro que el ayuntamiento de Barbastro pone a nuestra disposición para Barbastro y Ribagorza; y tenemos posibilidad de hacer en Boltaña toda esa estructura. Buscamos colaboraciones ajenas a la propia base del servicio y complementarlo con el Gobierno, que es el titular del servicio, pero con la cooperación de las administraciones locales, tanto Diputación como ayuntamientos y comarcas, que colaboran en la medida de sus posibilidades. No sería razonable que un niño de un año de Bielsa tenga que bajar a Huesca o a Barbastro a recibir una atención puntual de dos horas a la semana".
El mismo agradecimiento muestra hacia la consejera María Victoria Broto, que "está haciendo una estupenda labor y es muy cercana, nos atiende muy bien y entiende el problema, ella es precisamente de Sobrarbe Nos dice que la actuación de las entidades del tercer sector, no lucrativas, en materia de discapacidad en la provincia de Huesca da una cobertura magnífica y que la colaboración con la administración es necesaria". "No somos un servicio público como tal, pero tenemos vocación pública. Somos entidades sin ánimo de lucro que intentan agrupar sociedad civil organizada que intenta ayudar en colaboración con la administración pública, que es la que tiene que fijar las normas y garantizar la calidad de los servicios. Un paso más allá de lo puramente público, lo público más la sociedad civil todos juntos trabajando".
Y, sin embargo, tampoco oculta que la zozobra asoma a las azoteas de las organizaciones de personas con discapacidad porque, siendo conscientes de que "la voluntad política de mantener estas ayudas está confirmada por activa y por pasiva, la inquietud está clara. Transmito una opinión de todo el sector".
Fuente: Diario del Altoaragón. 23/04/2018
