El Colegio de Abogados y Fundación Abogacía celebraron ayer unas jornadas en Villahermosa. El encuentro aportó formación a favor de la igualdad a la hora de afrontar procesos judiciales.
Abogacía, inclusión y justicia se dieron ayer la mano en la capital altoaragonesa durante la celebración de la jornada Las personas con discapacidad ante los procedimientos judiciales. Los estándares de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
HUESCA.- El Centro Ibercaja Huesca acogió este encuentro organizado por el Colegio de Abogados de Huesca y Fundación Abogacía Española con la colaboración de Plena Inclusión, Cermi y Fundación Once y que incluyó dos mesas redondas formativas.
La jornada se marcó como objetivos dar a conocer a los profesionales los aspectos claves de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad "como instrumento jurídico directamente aplicable e invocable" y dotarles de conocimientos sobre qué es una discapacidad intelectual y también de herramientas prácticas que permitan garantizar a estas personas el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia.
Con estos puntos como referencia, la cita fue inaugurada y presentada por Ángel García, decano del Colegio de Abogados de Huesca, Eloy Torre, director provincial del Iass, Ramón Álvarez, de Cermi-Aragón, Ignacio Escanero, delegado territorial de la Once, Carlos Carnicer, presidente de honor de la Fundación Abogacía Española, y Jordá Vives, formador en derechos de plena inclusión.
Ángel García destacó desde el Colegio de Abogados de Huesca que este tipo de entidades tienen una "inequívoca voluntad de servicio público y de prestar la mejor atención jurídica". Por estos propósitos, apostó por la formación, un elemento que apoyó al citar la frase de un compañero de profesión y amigo: "Los abogados tendríamos que procurar tratar de cuidar los sentimientos".
A esta reflexión añadió otra más: "En esta vida todos somos dependientes, todos nos necesitamos unos a otros de una forma sustancial y esencial". Así, sentimientos y dependencia se trataron en estas jornadas a lo largo de la tarde para aportar luz al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Por su parte, Eloy Torre consideró "un gran acierto" la temática de esta jornada y opinó que "la sociedad debe luchar y trabajar para que todas las personas tengan su autonomía". "Ocuparse de la discapacidad en cualquier situación es un acierto y una gran labor porque se favorece una vida mejor para quienes están a nuestro alrededor", comentó.
Desde el Cermi-Aragón, Ramón Álvarez Rodrigo consideró que tanto esta entidad como Plena Inclusión han favorecido un cambio importante. "Tenemos profesionales que son abogados, pero la innovación es que hemos formado a personas con discapacidad intelectual que a su vez se han convertido en formadores y que están transmitiendo sus sentimientos". Precisamente, Jordá Vives, afectado por una discapacidad intelectual, relató en este encuentro en primera persona la experiencia que vivió cuando tuvo que enfrentarse a un proceso judicial y reclamó apoyos.
Por su parte, Ignacio Escanero, apostó por "tratar de proteger los derechos y deberes de colectivos como el de las personas con algún tipo de discapacidad, y en es especial las de aquellos que la padecen de tipo intelectual".
Recordó que en España existen cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad, cifra que supone el 10 % de la población. "Somos la minoría más mayoritaria de la sociedad española y seguimos sufriendo múltiples desigualdades en diferentes ámbitos de nuestra vida, como las dificultades que tenemos para la incorporación a un puesto de trabajo o a la hora de acceder a entornos naturales, culturales, de turismo y ocio".
De esta forma, plasmó su "realidad del día a día" y animó a todos los abogados presentes en la sala a establecer una estrecha colaboración con el colectivo de personas con otras capacidades "para seguir luchando y crear una sociedad más justa desde la igualdad de oportunidades y la no discriminación".
A continuación, Carlos Carnicer se refirió al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados el 10 de diciembre de 1948: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".
Tras su lectura, consideró que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar el cumplimiento de este artículo y consideró que la abogacía española tienen desde hace mucho tiempo una sensibilidad especial por aquello de que "si no hay abogados no hay justicia, y si no hay justicia no hay estado de derecho".
Apostó así por la búsqueda de la justicia con el derecho como herramienta. "Los abogados deberíamos tener presente que somos los primeros jueces. Debemos aportar desde la igualdad y la diversidad", aseguró.
MESAS REDONDAS
Tras estas intervenciones, el encuentro prosiguió con la primera mesa redonda, que bajo el título La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dimensiones teórica y práctica abordó cuestiones como qué es el enfoque de derechos humanos y la igualdad y no discriminación en la Convención y en la legislación española.
Carolina Villa, del Departamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de la Fundación Once, fue la encargada de desglosar estos aspectos en la exposición de un proyecto que esta entidad lleva a cabo para dar una "pátina de formación" a los abogados de los colegios sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España desde 2008. "Aunque hay sentencias judiciales que la están aplicando es todavía una convención internacional desconocida", indicó la ponente, que explicó la situación actual de la discapacidad, que afecta a unos 80 millones de personas en Europa "Queda mucho por hacer. Ha habido muchos cambios legislativos desde la Constitución pero a veces no son más que ficciones jurídicas. Una cosa es que tengas la norma y otra aplicarla y lo que pedimos a las instituciones es la aplicación efectiva de la convención para modificar algunas normas y políticas públicas", aseguró.
Sobre la situación de las personas con discapacidad ante procedimientos judiciales afirmó que en muchos casos hay una discriminación "aplastante".
"Todos los días conocemos casos que deben ser erradicados en una sociedad del siglo XXI", comentó Villa, que puso como ejemplo la situación que sufrió un grupo de jóvenes con síndrome de Down a los que negaron la entrada a una discoteca hace unos días. "Esto es una discriminación y como este caso hay otros muchos más, como que alguien aparque en una plaza reservada a este colectivo", añadió la conferenciante.
La segunda mesa redonda, Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante los procedimientos judiciales. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco de referencia, incluyó las intervenciones de Carlos Marín, asesor jurídico de Plena Inclusión Aragón, Jordá Vives, formador en derechos de Plena Inclusión, y Luis Varea, técnico del programa Acepta Dincat.
Carlos Marín trató en esta mesa redonda el progresivo tratamiento que da la jurisprudencia a la discapacidad, "un tema que poco a poco se va dulcificando, salvo circunstancias muy especiales". Añadió que este proceso consiste en arbitrar una serie de apoyos a la persona en aquellas situaciones en las que los necesita. "Hasta hace treinta años a estos ciudadanos se les declaraba la incapacidad total, se les privaba del derecho al voto, etcétera. Ahora no", afirmó el ponente, que añadió que localidades como Zaragoza cuentan con juzgados específicos para incapacidades, "por lo que el juez, el letrado de la administración de justicia y todos los funcionarios tienen mucha práctica".
Luis Varea expuso en este debate su experiencia como técnico del programa de reclusas y reclusos de Plena Inclusión, que atiende a personas con discapacidad intelectual que están sometidos a medidas penales. Junto con Jordá Vives, Varea se forma para ser educador en accesibilidad a la justicia. "Tratamos de poner de manifiesto las dificultades de acceso cognitivo que tienen las personas con discapacidad intelectual cuando se enfrentan a procedimientos judiciales, tanto como si ha cometido un delito como si es la víctima", explicó. Aseguró que el 70 % de las personas que se encuentran en centros penitenciarios han sido juzgadas y condenadas "sin que se sepa que tienen una discapacidad intelectual". Así, abordó las barreras cognitivas que dificultan el acceso a la justicia y que, en muchos casos, hacen que varíe "de manera brutal" el resultado de una sentencia y la defensa de la dignidad.
Fuente: Diario del Altoaragon
