El catedrático José María Gimeno participó ayer en la jornada de Cadis Huesca
EL CATEDRÁTICO José María Gimeno Feliu defiende que hoy es necesaria "una nueva cultura de la contratación pública", lo que en su opinión exige "profesionalización, conocimiento y la voluntad política de dar un paso al frente y hacer de esto una gran herramienta al servicio del fin de interés público que representan las administraciones públicas".
HUESCA.- Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, entre otros muchos cargos, participó ayer en la Jornada sobre Inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación pública, dirigida a políticos y técnicos en la materia y organizada por Cadis Huesca con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Dependencia que se conmemora hoy. El experto estima que "la contratación social es una de las señas de identidad de cualquier Estado moderno dentro de la Unión Europea" y la considera "una herramienta al servicio de las políticas sociales, ambientales, de innovación o de protección de pymes".
Ayer observó que la legislación ofrece posibles soluciones que, bien aplicadas, "darían cierto recorrido para cambiar la filosofía de cómo se están haciendo los contratos públicos", y destacó que las Directivas Europeas que hay que trasponer "dan pasos hacia delante que posibilitarán una política social de contratación mucho más activa, que resuelva problemas actuales y, sobre todo, que favorezca la colaboración pública y privada con el tercer sector en los ámbitos sociales, sanitarios y educativos".
José María Gimeno agregó que la Administración "debería tener sensibilidad para aunar el interés público de la relación contractual con el de mantenimiento de organización sin ánimo de lucro, que están coadyuvando a que funcione mucho mejor una política de interés general en favor de los ciudadanos".
El catedrático manifestó que la voluntad política es "decisiva siempre" y en su opinión "la tienen" casi todos los partidos, pero estimó que existe "desconocimiento de las posibilidades jurídicas y eso genera miedo o no habilita soluciones". Por ello, agregó, "hay que hacer llegar a políticos y técnicos cuáles son las distintas opciones para que legítimamente decidan qué pueden hacer".
"El desconocimiento es una barrera, por lo que genera inseguridad y la inseguridad hace que no se tomen decisiones que podrían ser muy buenas para que los servicios públicos funcionaran mejor", incidió.
Actualmente, como se comentó también desde el patio de butacas, en muchos pliegos de contratación se tiende a valorar "demasiado" lo económico y "poco" las condiciones técnicas, "y se tiende a proteger poco la ejecución del contrato, que es el núcleo principal de una licitación", subrayó.
"La crisis ha sacado una versión economicista muy negativa, porque se ha visto el contrato como gasto, y el contrato público es muchas veces inversión. Es mejor pagar un poco más por una prestación, si me aporta calidad o un complemento de objetivo social que también tiene mucho que ver con la eficiencia de la política", reflexionó.
El catedrático comentó que con la crisis ha habido poca sensibilidad social". El catedrático dijo comprender que había que hacer ajustes pero opinó que "no se tenían que haber tocado sectores tan sensibles, que se han visto dañados por estas políticas pensadas más desde el precio en el contrato público que del mantenimiento de algo que se entiende que es útil para la sociedad".
"La obligación se ha cumplido en el mínimo exigido -agregó-, la mentalidad economicista sigue estando mucho en la decisión del contrato público social".
José María Gimeno apuntó que actualmente hay muchas cosas que se pueden hacer, como la reserva de contratos de forma activa y la coordinación de las administraciones al respecto, y poner condiciones de ejecución social que garanticen la calidad de la prestación, "sobre todo donde el componente personal de esa prestación es un elemento decisivo".
"Donde se prestan servicios a personas en lo que consideramos servicios públicos esenciales, la sensibilidad social tiene que ser algo principal, no puede ser secundaria", apostilló.
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE CARÁCTER SOCIAL
José María Gimeno estuvo acompañado en la mesa por Marta Peña, gerente de Cadis, que explicó la labor de la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad en la provincia de Huesca, quien animó a las administraciones públicas a impulsar la contratación de estas personas "ir más allá" y que se tengan en cuenta principios y objetivos de carácter social a la hora de la contratación. Peña recordó que hay estudios que demuestran que el gasto en los Centros Especiales de Empleo retorna a la sociedad. Uno de ellos, realizado en Navarra, cifró el retorno en 2,09 euros por euro destinado.
En el acto inaugural intervinieron el presidente de Cadis Huesca, Francisco Ratia, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca Manuel Rodríguez y la diputada de Asuntos Sociales, Susana Blanes. Ratia también demandó que los sistemas de contratación pública favorezcan la inserción laboral de las personas con este tipo de dificultades y observó que la nueva normativa europea "parece que da margen para mejorar todo eso".
Manuel Rodríguez, que consideró la jornada "importantísima", señaló que ahora es un momento "ideal" porque las contrataciones públicas "empiezan a incluir todas estas cláusulas sociales para favorecer a personas que, de no ser así, no podrían acceder a este tipo de contrataciones", y añadió que las instituciones "tienen que ponerse las pilas".
Susana Blanes, por su parte, recordó que la Diputación de Huesca firmó las primeras nóminas de Arcadia y puso la primera piedra de un sistema asistencial modelo. "Queremos que la Administración pública sea la primera pieza de inclusión. Es fundamental salvaguardar y promover los derechos de las personas con discapacidad porque el empleo es imprescindible para alcanzar la plena integración".
Fuente: Diario del Altoaragón. 03/12/2015
