El fiscal jefe de Huesca, Felipe Zazurca, inaugura un ciclo de charlas de Cadis
La persona que presenta por enfermedad mental o física una situación de discapacidad, "es una persona con derechos" y todas las medidas y la legislación al respecto tienen que estar encaminadas a "defender esos derechos y esa situación en la que está".
HUESCA.- El fiscal jefe provincial de Huesca, Felipe Zazurca, inauguró ayer un ciclo de charlas dirigidas a familias de personas con discapacidad y profesionales, organizado por Cadis Huesca, con una conferencia en el salón de actos de Bantierra en la que se centró en los "Derechos de las personas con discapacidad: capacidad jurídica y capacidad de obrar".
Una persona con una discapacidad es un problema no sólo de la familia que lo tiene, sino de las instituciones, la Administración y los ciudadanos. En este sentido, comentó a este periódico que si alguien tiene cáncer, "los vecinos nos sentimos solidarios y nos preocupamos por él, mientras que una persona que tiene una enfermedad mental, puede ser más molesta porque grita si tiene un brote", y lo que no hay que olvidar es que "es una persona normal que tiene una enfermedad, y tener la conciencia de que estamos ante alguien con los mismos derechos que nosotros, porque la igualdad, es uno de los principios que recoge el artículo 1 de la Constitución".
Por eso, el fiscal jefe de Huesca distinguió entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, porque "la capacidad jurídica es la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, y lo somos todos, y la capacidad de obrar es quien tiene, además, capacidad de ejercerlos".
Felipe Zazurca reconoció que en este país se ha avanzado mucho desde hace años, en que cualquier persona con discapacidad "es igual a los demás, no tiene ni más ni menos derechos que el resto de los ciudadanos, aunque necesita una ayuda para ejercitarlos".
Partiendo de esta consideración, el fiscal jefe provincial habló de lo que es un proceso de incapacitación, de una serie de situaciones prácticas como el derecho a votar y de si la capacidad es algo que se puede recuperar.
Además, se ocupó de la tutela, "el órgano que se establece para suplir esa capacidad" y, por tanto, si la persona que la ejerce es la adecuada, así como del control del trabajo del tutor y la protección del patrimonio de la persona incapacitada.
Desde el punto de vista jurídico, Zazurca indicó que una sentencia de incapacidad "es como un traje a medida, no todo el mundo tiene el mismo grado", y se tiene que adecuar esa sentencia y las consecuencias en capacidad a la situación concreta.
Un ejemplo podría ser el de una persona mayor con alzhéimer que tiene sus ahorros en el banco y un patrimonio. "Puede haber casos de abusos y mala administración, y es un tema que tiene que ser controlado. Hasta la reforma del Código Civil de 1983 había un consejo de familia y un control familiar, y se pasó de la tutela de familia a la de autoridad, siendo el juzgado el que lo controla y el fiscal el que tiene la obligación de supervisar". Felipe Zazurca aseguró que estas situaciones en las que el tutor se ve obligado por ley a rendir cuentas son excepcionales. "Lo normal es que el tutor funcione porque lo contrario es una sobrecarga para él".
Fuente: Diario del Altoaragón. 27/05/2015
